La Constitución Política del Estado: bases y fundamentos del Estado Plurinacional de Bolivia

Actualizado hace 2 semanas

Introducción

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es un documento fundamental que establece las bases del ordenamiento jurídico y político del país. Su contenido refleja no solo la estructura del Estado y sus instituciones, sino también los derechos y deberes de sus ciudadanos. Conocer esta Constitución es esencial para comprender el funcionamiento del Estado boliviano y la protección de los derechos fundamentales de las personas que lo habitan. A continuación, se presentará un breve recorrido por la historia de la Constitución y su estructura actual.

Origen de la Constitución

La Constitución Política del Estado es la ley fundamental que rige el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia y regula los aspectos más importantes de la vida en sociedad; por lo tanto, los ciudadanos deben conocer, al menos de forma básica, el contenido de la misma.

Pero, ¿cómo surge este texto constitucional?

Con la promulgación de la Ley 2650 del 13 de abril de 2004, que incorpora al texto de la Constitución Política del Estado los artículos de la Ley N° 2631, de 20 de febrero de 2004, de “Reformas a la Constitución Política del Estado”, se establece el mecanismo de la Asamblea Constituyente para poder realizar una reforma total de la Constitución de Bolivia (en ese momento se encontraba vigente la Constitución Política del Estado de 1967).

El 6 de julio de 2005 se promulgó la Ley 3091, que convocó a elecciones de los integrantes de la Asamblea Constituyente; y el 6 de marzo de 2006, mediante la Ley 3364, se convocó el inicio de la Asamblea Constituyente, que estuvo conformada por 255 constituyentes, todos ellos iguales en jerarquía, derechos y obligaciones. La Asamblea Constituyente trabajó desde el 6 de agosto de 2006.

Referéndum Constitucional

Una vez redactado y aprobado por la Asamblea Constituyente de Bolivia en diciembre de 2007, el nuevo texto constitucional fue sometido a algunas modificaciones por el entonces Honorable Congreso Nacional. Así, el referéndum constitucional se realizó el domingo 25 de enero de 2009, y la nueva Constitución Política del Estado fue aprobada con el 61.43% de los votos. Los votos por el “No” sumaron un 38.6%.

Vigencia y Estructura de la Constitución Política del Estado

En función de estos resultados del referéndum, el 7 de febrero de 2009 se promulgó la nueva Constitución en la ciudad de El Alto, del departamento de La Paz.

La Constitución Política del Estado tiene 411 artículos y se encuentra estructurada en cinco partes: (I) Bases fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías; (II) Estructura y organización funcional del Estado; (III) Estructura y organización territorial del Estado; (IV) Estructura y organización económica del Estado; (V) Jerarquía normativa y reforma de la Constitución.

Así mismo, cuenta con 10 disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final.

Derechos Fundamentales

La primera parte se refiere a las características del Estado boliviano y los derechos fundamentales, así como a las garantías de las personas. Es importante mencionar que la Constitución Política del Estado tiene un catálogo con más de cien artículos dedicados a los derechos constitucionales. Este capítulo, tal vez, sea el mejor logrado por el alcance y contenido de los derechos que llegan a reconocerse, dividiéndolos en fundamentalísimos, fundamentales y garantías constitucionales. Se han incorporado textualmente una gran parte de los instrumentos internacionales y nuevos derechos para grupos especialmente protegidos, entre los que destacan los derechos de los pueblos indígenas, derechos de las familias, derechos de personas con capacidades especiales, derechos de los privados de libertad, derechos de los adultos mayores, y derechos de los usuarios y consumidores.

Entre los derechos fundamentalísimos se encuentran el derecho a la vida, al agua y la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda, y al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

Estructura y Organización del Estado

La segunda parte de la Constitución Política del Estado se refiere a la estructura y organización del Estado, señalando que el Estado boliviano se compone de cuatro órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; instancias distintas, independientes, pero complementarias entre sí. Además, establece la existencia de entidades como el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

Autonomías Territoriales

La tercera parte establece la estructura y organización territorial del Estado, reconociendo las autonomías territoriales e instituyendo cuatro formas de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Es importante mencionar que la Constitución Política del Estado aborda, por primera vez, el régimen autonómico, detallando sus principios, alcances y competencias.

Economía Plural

La cuarta parte se refiere a la estructura y organización económica del Estado, proponiendo una economía plural que articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.

Jerarquía Normativa

La quinta parte se refiere a la jerarquía normativa y reformas de la Constitución, y trata de los procedimientos a seguir para su reforma en el futuro, estableciendo que una reforma total de la Constitución Política del Estado es exclusiva potestad de una Asamblea Constituyente.

Nota Final

La Constitución Política del Estado es más que un documento legal; representa el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos. Su conocimiento y comprensión son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la protección de los derechos humanos en Bolivia. Al estar informados sobre sus derechos y deberes, los ciudadanos pueden participar de manera más activa y efectiva en la vida política y social del país, contribuyendo así al desarrollo y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

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